Hace apenas unos días se conocieron los datos de aborto 2023 en nuestro país. Con 103.097 niños asesinados en el vientre de su madre, la cifra es la más alta de los últimos 10 años.
A pesar de esto, la ministra de Sanidad se muestra insatisfecha con el número de abortos practicados en los hospitales públicos, donde la mayoría de los médicos son objetores de conciencia.
Por ello, están elaborando un protocolo que conseguirá señalar y discriminar a los profesionales que no estén dispuestos a abortar un niño.
Aún no sabemos cuándo verá la luz, pero sí que las implicaciones para los sanitarios que se nieguen a matar a un ser indefenso pueden ser terribles.
¿Tendrán desventaja frente a sus compañeros a la hora de obtener plaza en una oposición? ¿Se verán obligados a trasladarse a otro hospital, ante la llegada de alguien que sí esté dispuesto a practicar un aborto?
¡No podemos permitir que perjudiquen laboralmente a aquellos que simplemente están actuando conforme a su conciencia!
Tenemos que impedirlo.
Por eso hemos lanzado esta campaña para que Mónica García, ministra de Sanidad, no elabore esta lista que discrimina a los médicos objetores de conciencia.
Según los datos publicados, casi el 94% de los abortos provocados a lo largo del año 2023 fueron a petición de la mujer
98.850 vidas arrebatadas por capricho, por la irresponsabilidad de un sistema que ha hecho creer a las mujeres que acabar con la vida de su hijo es un mero trámite sin consecuencias
Las estadísticas también nos informan de lo siguiente: más del 46% de los abortos fueron realizados en mujeres que no utilizaron ningún método anticonceptivo
Con este escenario, (y sabiendo lo que realmente supone un aborto) es normal que los médicos no quieran practicarlos, que decidan hacerse objetores.
Sin embargo, parece que la decisión de «qué hacer con el propio cuerpo» sólo aplica en los casos que ellos determinan.
Ellas tienen derecho a matar a su hijo -creen-, pero el médico no puede negarse a ejecutarlo sin que eso repercuta en su trabajo
Sutilmente, van a obligar al personal sanitario a declarar sus creencias, algo que vulnera el derecho a la intimidad recogido en el artículo 18 de la Constitución.
Tampoco tienen miramiento para ignorar el Reglamento 2016/679 de la UE en lo relativo al tratamiento de datos personales.
En el fondo, no sé por qué nos sorprende que este gobierno socialcomunista ponga contra las cuerdas e intente cancelar a todos los que disienten del discurso abortista oficial.
Sea como fuere, no podemos permitirlo.
Por eso hemos lanzado esta campaña para que Mónica García, ministra de Sanidad, no elabore esta lista que discrimina a los médicos objetores de conciencia.